PORTADA

"La convivencia de las oligarquías política y financiera

Todo el gigantesco y corrupto tinglado político de España se mantiene solo gracias a la ayuda a la banca. En 12 meses, los extranjeros han reducido en 100.000 millones su tenencia de deuda española, que es ya inferior a los 190.000 millones. ¿Por qué no se frena ese círculo vicioso? Muy simple: la casta política y, sobre todo, las comunidades autónomas necesitan a la banca, porque no se pueden financiar ya que tienen los mercados cerrados. Esta convivencia oligarquía política-oligarquía financiera llega a límites tan inauditos como colocar a los grandes banqueros por encima de la Ley, algo sin parangón en el mundo civilizado y que hace palmaria la carencia democrática que sufre España.

Ante tanto escándalo y tan poco Estado de derecho, no sorprende que la gente salga a la calle y proteste y grite y se organice para hacer frente a esta estafa organizada entre el sector financiero y el político, que solamente está autoalimentando estructuras corruptas y aboca a la clase media a ser cada vez más pobre ...."

(Fragmento del articulo publicado el 3/10/12 en EL CONFIDENCIAL -"Los bancos deben pagar su crisis." autores Roberto Centeno y Stefanie Mueller.)

ARTICULO ENTERO

Los bancos deben pagar su crisis

**

Al contemplar la estrecha relación entre las oligarquías políticas y financiera, no hace falta ser adivino para deducir que, detrás de la decisión de la oligarquía política de salvar "bancos inviables" por un supuesto "efecto domino", hay una estrategia del Gobierno para poder seguir gastando en sus estructuras ineficientes y corruptas que solamente alimentan las injusticias sociales.

La crisis actual fomenta la reducción de derechos y gastos sociales con el supuesto objetivo de un menor déficit, objetivo que la casta política incumple masivamente con su despilfarro.

La pregunta es ¿por qué las pymes y los autónomos, que constituyen el 90% del tejido empresarial español, pueden quebrar, por miles o cientos de miles, porque se les niega un céntimo para financiar su actividad perfectamente rentable mientras se entregan ciegamente cientos de miles de millones a bancos y administraciones públicas para evitar su quiebra?

¿Por qué tenemos que aguantar que se corte en gasto social y se suban los impuestos a las familias y a la economía productiva hasta los niveles más altos de Europa por los errores obvios que ha cometido la banca?

La valoración de Oliver Wyman (OW) es un fraude

OW ha protagonizado la quinta reforma financiera "definitiva", la tercera en lo que va de año. OW fue quien eligió a Anglo Irish Bank como el mejor banco del mundo; un año después había quebrado. OW y las auditorías colaboradoras son también los mismos que durante años firmarían "que su opinión reflejaba la imagen fiel de la realidad económica y financiera" de numerosas entidades que ahora están quebradas.

¿Qué credibilidad pueden tener? Obviamente, muy poquita. ¿Tienen responsabilidad por sus errores, mentiras conscientes y manipulaciones para satisfacer al cliente? Ninguna en absoluto.

Y, efectivamente, OW se ha ceñido estrictamente al guión, le ha dado al Gobierno lo que quería "para no generar alarma". Pero el mercado no se lo ha creído, como no se lo ha creído ningún analista independiente de este país.

El lunes BNP, Nomura, Mediobanca, etc, recomendaban infraponderar la banca española, el Royal Bank of Scotland afirmaba que las necesidades serán más del doble de las reconocidas por OW y, lo que es mucho más transcendente, la agencia Moody ́s también: "La cifra de OW es claramente insuficiente para mantener la estabilidad financiera y para recuperar la credibilidad en los mercados de deuda".

Pero lo más grave en cuanto a la agencia es que amenaza con degradar el rating de España a bono basura en breve, lo que tendría repercusiones devastadoras sobre la deuda, que ya no podría ser aceptada como colateral, y sobre las empresas, que verían los mercados cerrados de nuevo. Y lo que es aún peor, Egan Jones, una agencia cuya credibilidad y fama están creciendo como la espuma, nada más conocerse el viernes las conclusiones de OW degradó a España hasta bono basura. Además su presidente, Sean Egan, en unas declaraciones a Bloomberg remachó el clavo al decir que el problema de la banca española "no tiene solución" y que la deuda soberana necesita una quita del 50%.

En el análisis de OW el escenario macro, absolutamente clave para la valoración, no se corresponde en absoluto con la realidad -según Citi la economía española caerá un 3,1% en 2013-; además, no existe correlación lógica entre los distintos escenarios y, de forma general, las manipulaciones puestas de manifiesto por la mayoría de analistas son innumerables. Recojo una del magistral análisis de Tyler Durden, de Zero Hedge, con el título de 'Cómo ha manipulado OW el análisis del rescate de los bancos españoles': "Si las necesidades son las que dice OW, ¿por qué los bancos españoles han necesitado recurrir hasta 412.000 millones de euros al BCE hasta agosto?". La razón es clara, afirma Tyler: "Porque el sistema bancario español estácondenado por la salida masiva e ilimitada de depósitos".

Egan Jones, una agencia cuya credibilidad están creciendo como la espuma, nada más conocerse el viernes las conclusiones de OW degradó a España hasta bono basura. Su presidente, Sean Egan remachó el clavo al decir que el problema de la banca española "no tiene solución" y que la deuda soberana necesita una quita del 50%.

Lo único seguro al cien por cien es que ello costará decenas de miles de millones a los contribuyentes y ni un solo euro llegará a las familias ni a la economía productiva. Muchas de ellas no solamente han perdido en los últimos meses su trabajo, también han perdido sus ahorros en Bankia, Novagalicia, CAM… miles de pensionistas han perdido su dinero en los preferentes, un producto que se les vendió como rentable y seguro.

Pero todo esto no acaba aquí: el 'banco malo' diseñado por el Gobierno es la peor versión del mismo; presionado por las órdenes de la oligarquía financiera comprará los activos tóxicos de los bancos a precios inflados -a precios de balance menos las amortizaciones, piden los bancos con absoluta desvergüenza- y, de este modo, el coste de la diferencia con el precio de mercado, que puede ser enorme, lo pagarán los ciudadanos. Aproximadamente, el 'banco malo' comprará suelo cuyo valor real es cero con un descuento del 80% y las viviendas, cuyo valor de mercado puede caer hasta un 65%, con un descuento del 35%. El resto, decenas de miles de millones, lo pondrán los españoles y sus hijos.

¿Dónde se encuentra el Estado que debe proteger los derechos de los consumidores a través de las leyes?

¿Dónde se encuentra el Estado que permite a OW y a todas las grandes auditoras avalar con su firma la veracidad de unos estudios financieros, por lo que cobran cantidades ingentes de dinero, que después se demuestran clamorosamente falsos?

Parece que, hoy en día, el Estado está sobre todo representado por gobiernos que ya únicamente protegen los intereses de los bancos. En España, la interrelación entre las oligarquías política y financiera es sencillamente escandalosa.

Los bancos son los primeros responsables de la crisis que estamos viviendo en Europa. Lo que parece absurdo para la gran mayoría de la población española, y para muchos ciudadanos europeos, es que quienes sufren la crisis tengan que pagar la fiesta de otros.

El ciudadano ha sido defraudado por los bancos. Pero hasta ahora ha habido pocas consecuencias legales para los que cometieron un delito de engaño consciente, como en el caso de las preferentes y la falsa estimación de riesgo. Nadie ha sido condenado por tan gigantescas estafas, nadie es responsable de nada.

La convivencia de las oligarquías política y financiera

Todo el gigantesco y corrupto tinglado político de España se mantiene solo gracias a la ayuda a la banca.

En 12 meses, los extranjeros han reducido en 100.000 millones su tenencia de deuda española, que es ya inferior a los 190.000 millones. ¿Por qué no se frena ese círculo vicioso? Muy simple: la casta política y, sobre todo, las comunidades autónomas necesitan a la banca, porque no se pueden financiar ya que tienen los mercados cerrados. Esta convivencia oligarquía política-oligarquía financiera llega a límites tan inauditos como colocar a los grandes banqueros por encima de la Ley, algo sin parangón en el mundo civilizado y que hace palmaria la carencia democrática que sufre España.

Ante tanto escándalo y tan poco Estado de derecho, no sorprende que la gente salga a la calle y proteste y grite y se organice para hacer frente a esta estafa organizada entre el sector financiero y el político, que solamente está autoalimentando estructuras corruptas y aboca a la clase media a ser cada vez más pobre, mientras los culpables de esa miseria siguen con sus Porsches, sus Mercedes y su piscina privada de lujo, muchas veces con indemnizaciones millonarias.

El pasado martes 25, las protestas ante el Congreso marcaron el comienzo de lo que puede ser un otoño caliente, porque todas las medidas de ajuste van contra las familias, los parados, los jubilados, ninguna contra los inauditos privilegios de la casta política y sus dos millones de enchufados.

El dinero de Bruselas debería ir a los bolsillos correctos de la gente que se ha jugado su pensión en la caja de ahorro o banco de siempre, pero no a financiar una oligarquía política y financiera absolutamente corruptas.

No se necesita un 'banco malo' más, pero sí se necesita dinero para financiar una buena formación profesional, para hacer crecer la industria y crear nuevas empresas.

No huyen solamente las grandes fortunas de España ahora mismo, también grandes talentos. Si no empiezan a quebrar bancos, se va a quebrar la sociedad democrática.

*Stefanie Mueller es corresponsal en España de varios medios económicos alemanes y está doctorada en el papel de los bancos españoles en la crisis por la Universidad San Pablo CEU

**Lea este artículo en alemán: Die banken müssen für ihre probleme selber aufkommen

**

Autor del articulo -

El Disparate Económico,@Roberto Centeno y Stefanie Mueller* 03/10/2012 06:00h
Los bancos deben pagar su crisis

@Roberto Centeno y Stefanie Mueller* .

-Acerca de ...@Roberto Centeno
Desde la Salamanca de mi niñez, siempre quise ser ingeniero. Después trabajaría toda mi vida en el mundo de los hidrocarburos. En ENAGAS como Director General, en CAMPSA como Consejero-Delegado, y a la desaparición del Monopolio asociado con Massimo Moratti, Presidente del Inter., y propietario de la mayor refinería del Mediterráneo. A la enseñanza llegué de la mano de Ramón Tamames, y gracias a su inestimable ayuda, obtuve la Cátedra de Economía de Escuela de Minas.
***************************************
*Stefanie Mueller es corresponsal en España de varios medios económicos alemanes y está doctorada en el papel de los bancos españoles en la crisis por la Universidad San Pablo CEU

Nos lo ocultan, ¿por qué?

* NOTA DE VREDONDOF *

-Una de las ideas de las dictaduras, es que al pueblo no se le debe decir la verdad para "NO SUFRA" y sea feliz, los romanos ya lo practicaban, para ellos lo mas importante era, sobre todo, dar al pueblo PAN Y CIRCO .. y si no habia pan ... pues CIRCO ... eso si que el CIRCO nunca falte(solo hay que ver que como ha subsistido el coliseo en Roma y 75 mas que dejaron los romanos por todos Europa).

Con un buen CIRCO y con una informacion escasa , confusa y opaca no hay que preocuparse de mucho mas , al pueblo hay que mantenerlo cuanto mas ignorante mejor.

"Ojos que no ven, corazon que no siente".

Como caso personal anecdotico,
a finales de 2011 en el Bierzo se publicaron que habia ya cerca de 15.000 parados ... entonces yo quise COMPARAR esos datos con el 20% de la estadistica nacional ... pues no hubo forma de saber que % sobre la masa laboral y saber si esos 15.000 era un dato bueno o malo, "usease" compararlo con otros datos, despues de escribir PERSONALMENTE a todas las oficinas de empleo de la zona y a la Junta de Castlla y Leon.

Como buenos herederos que son del franquismo, la PARTITOCRACIA ( PPSOE), se ha encargado de mantenernos FELICES haciendo bueno aquellos refranes:
"EL QUE NO SABE ES COMO EL QUE NO VE"
o el moderno

..Ojos que no ven…
Amigos que te lo cuentan…
Facebook que lo confirma…
“Y el idiota que te lo niega”

- SCL

Tal vez usted quiere saber cuántos robos de coches ha habido en su barrio o cuántas veces los agentes de policía de su comunidad dispararon su arma reglamentaria en acto de servicio. Quizás desee conocer el número de personas que han fallecido en el quirófano del hospital más cercano a su casa, cuántas operaciones de cadera han salido bien en ese centro, o si la residencia de ancianos donde vive su padre ha sido sancionada. O es posible que quiera tener datos sobre cómo gastan los partidos políticos o los sindicatos el dinero público que reciben. Puede que usted quiera trabajar con estas cifras, cruzarlas con otras y analizarlas, o puede que simplemente quiera saciar su curiosidad. En cualquier caso, no podrá obtenerlas en España, uno de los países más opacos de Europa.

La falta de transparencia parece ser algo instaurado en la cultura política española, algo que va más allá de los Gobiernos, sean del color que sean. A veces, incluso cuando ya se ha producido la publicación de una información, el Gobierno no tiene tapujos en afirmar que los datos no deberían haber visto la luz. Es el caso del Ministerio de Industria, que la semana pasada emitió un comunicado de prensa reprochando a la Comisión Nacional de Energía (CNE) la publicación de un informe sobre posibles medidas para resolver el déficit de las tarifas eléctricas. El Ministerio lamentaba las consecuencias que la divulgación del informe causaba a terceros. Pero la CNE es un organismo independiente que publica informes no vinculantes, incluso si estos afectan a empresas que cotizan en bolsa.

La plataforma Coalicción Pro Acceso, que integra a 54 organizaciones, hizo a principios de 2010 un experimento. Se llamó la Campaña de las 100 preguntas y trataba de medir la transparencia de las administraciones. En marzo de ese año, un ciudadano preguntó al Ministerio de Sanidad: “¿Cuántas vacunas se compraron para luchar contra la gripe A?, ¿a qué coste? ¿cuántas vacunas se han utilizado?, ¿cuántas han sobrado y qué se va a hacer con ellas?”. Otro envió en abril al Ministerio de Defensa: “Número de militares españoles fallecidos así como heridos (de gravedad, leves) en Afganistán, Irak y Líbano en los últimos cinco años”. En la mayoría de los casos no hubo respuesta (50%). Silencio administrativo. Solo el 20% de las respuestas fue satisfactorio.

La falta de transparencia parece ir más allá de los Gobiernos, sean del color que sea

España no se ha subido al carro de los países que han apostado por eso que se ha dado en llamar Open Government (Gobierno Abierto). Estados Unidos, Reino Unido, los países nórdicos, Bulgaria y varios países latinoamericanos poseen leyes de transparencia y acceso a la información. En muchos de esos países empieza a ser posible saber al detalle qué es lo que los gobernantes han hecho con el dinero de los contribuyentes. “La falta de voluntad política de nuestros gobernantes y la secular inercia negativa y resistencia al cambio en las instituciones públicas ha hecho imposible que contemos con una ley como la que existe en otros países”, señala Jesús Lizcano, catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid y presidente de la ONG Transparencia Internacional España.

La palabra más usada por los Gobiernos que sí se han decidido a abrir las puertas de las administraciones es accountability, concepto que no existe en español y que suele traducirse como “rendir cuentas con responsabilidad”. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, es un adalid de la causa. “Para rendir cuentas”, decía Obama al principio de su mandato, “es necesario transparencia”. Algunas de las cosas que permite la iniciativa es consultar en una misma página web (www.data.gov) quiénes han visitado la Casa Blanca, en qué fechas, y si esas personas han donado dinero a las campañas electorales.

El Gobierno de Mariano Rajoy tiene planeado aprobar en las próximas semanas la Ley de Transparencia y Buen Gobierno. La idea es presentarla oficialmente el 17 de abril en Brasilia en un foro internacional impulsado por Estados Unidos y Brasil para fomentar el acceso a la información. Si finalmente es así, España dejará de ser el único país de Europa con más de un millón de habitantes sin ley de transparencia —Luxemburgo, Chipre y Malta tampoco la tienen. El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero se había comprometido en 2004 a cambiar esa situación, pero no lo cumplió en su primera legislatura. En la segunda, el Gobierno socialista llegó a redactar un anteproyecto de ley pero el adelanto de las elecciones tiró por los suelos la iniciativa.

Existen todavía muchas dudas de que la nueva legislación vaya a convertir a España en un país abierto

Existen todavía muchas dudas de que la nueva legislación vaya a convertir a España en un país abierto que permita a sus ciudadanos consultar todos los datos que no sean confidenciales. El Gobierno del PP ha dicho que España se pondrá con la norma a la “vanguardia mundial”, pero la Coalición Pro Acceso asegura que no servirá de mucho si no se cumplen diez principios básicos. “Entre ellos, dos muy importantes: la creación de un órgano independiente que garantice el cumplimiento de la ley y que esta sea considerada como derecho fundamental”, señala Victoria Anderica, coordinadora de campaña de Access Info Europe, uno de los fundadores de la plataforma.

Para la Coalición, estos dos principios son esenciales para que la transparencia no afecte solo a la labor del Gobierno, sino también a la de las comunidades autónomas, los jueces y los parlamentarios. Fuentes del Gobierno aseguran que la ley reforzará la transparencia de la actividad pública de todas las administraciones y poderes del Estado, incluido el judicial. Las mismas fuentes señalan que no es necesario crear un nuevo órgano que vele por el cumplimiento de la norma sino que se dará competencias a uno ya existente.

En teoría, la ley, que está siendo ultimada por el equipo de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, permitirá a los ciudadanos preguntar por aquello que no tenga el sello de confidencialidad.

Con ese espíritu de convertir a los ciudadanos en fiscalizadores del trabajo de los políticos, surgió en Reino Unido el lema They work for you, es decir, “ellos [funcionarios públicos y políticos] trabajan para ti[ciudadano]”. Esa es una de las webs (www.theyworkforyou.com) del proyecto My Society, fundado en 2003 con la intención de dar herramientas en Internet para que los ciudadanos preguntaran al Gobierno lo que quisieran, para controlar el trabajo de los funcionarios o simplemente para comunicarles qué arreglos necesitaban las calles. Estando en Londres, David Cabo, un informático español, vio las distintas webs. “La gente podía preguntar cualquier cosa y el Gobierno les respondía. Eran los pioneros. Yo ni siquiera sabía lo que era una ley de acceso a la información”. A su regreso a España, Cabo conoció a los responsables de Access Info Europe, una organización con sede en Madrid y proyección europea, que batallaba para conseguir que la información de los Gobiernos fuera más accesible a los ciudadanos. Del trabajo de ambos, Cabo y Acces Info, nacerá esta semana una nueva página, tuderechoasaber.es . El objetivo de la web —que ha conseguido 6.100 euros de financiación a través de donaciones que pueden consultarse en la página— es explicar la ley de Transparencia y velar por su cumplimiento. Los usuarios de la página podrán enviar preguntas a los distintos organismos a través de ella. Las respuestas serán publicadas en el mismo lugar. “Sin la presión social de las preguntas, la ley será una ley más sin cumplir”, señala Cabo.

En teoría, la ley permitirá a los ciudadanos preguntar por aquello que no tenga sello de confidencialidad

Hay cientos de historias que han salido de las cuestiones planteadas a los Gobiernos. Muchas de ellas fueron hechas por periodistas. En 2008, la reportera freelance danesa Brigitte Alfter y otros colegas belgas y holandeses, se valieron de la transparencia otorgada por las leyes danesas y holandesas para conseguir algunos informes de las compañías farmacéuticas sobre los efectos secundarios de medicamentos. Los informes eran enviados a la Comisión Europea y los Gobiernos, que los mantenían en secreto. “Estas leyes son extremadamente importantes para nuestro trabajo como periodistas”, dice Alfter, que menciona que en países como Suecia, el acceso a la información es un derecho reconocido en la Constitución desde 1766. “Tenemos el derecho de comprobar lo que se hace exactamente con nuestros impuestos. Mi experiencia me dice que los Gobiernos acaban considerándolo parte de la democracia”, concluye Alfter, que precisa que es necesario hacer un uso responsable de las peticiones por todo el esfuerzo que supone para los Gobiernos atender las demandas de los ciudadanos.

Andrew Ronnan es otro caso de lo que un simple ciudadano puede llegar a conseguir si sabe cómo y dónde pedir los datos. A Ronnan, un británico al que le gusta la cerveza bávara, se le ocurrió importarla a su país. Pero muchos pubs tenían acuerdos con los proveedores británicos y no podían servir cerveza extranjera. La Comisión Europea estudió si el caso afectaba a la libre competencia. Ronnan solicitó participar en las reuniones de la Comisión. No le dejaron. Entonces pidió saber los nombres de los participantes, empresarios que trataban de presionar para que las leyes siguieran como estaban. Ronnan llevó el asunto a los jueces del Tribunal Europeo. En primera instancia ganó y obtuvo el aplauso de todas las organizaciones que piden más transparencia. En verano de 2010 los jueces le quitaron la razón alegando que Ronnan tenía que probar que tenía una buena razón para que se desvelara el nombre de quienes participaban en las reuniones. Ronnan ya no importa cerveza. Ahora le gusta correr maratones.

The Guardian ha montado una página web específica que ayuda a sus lectores a pedir dato

Son los periódicos británicos quienes están exprimiendo las leyes aprobadas en 2005 en Reino Unido. Al igual que otros medios de comunicación, el diario The Guardianha montado una página web específica que ayuda a sus lectores a pedir datos. Simon Rogers es quien se encarga del blog Datablog, donde publica información sobre los datos que están accesibles. “Se ha instalado en Reino Unido una cultura donde todos vemos que tenemos derecho a una información que los Gobiernos querían mantener fuera del alcance. Los políticos lo odian. Es difícil luchar contra el libre acceso a la información. ¿Cómo se puede ser demócrata y estar en contra?”

La nueva ley, que tendría que estar lista en semana y media si Rajoy quiere cumplir su promesa de aprobarla en los primeros 100 días de su Gobierno, puede suponer un cataclismo en el mundo de la información.

Falta por ver todavía su contenido, cuánto dinero costará y si el Gobierno podrá responder a todas las preguntas. En última instancia, la ley no solo servirá parta controlar al Estado sino también para medir el nivel de exigencia de los ciudadanos. El número y la calidad de las preguntas y respuestas determinarán la salud de la democracia en España.

Autor del articulo

LEY DE TRANSPARENCIA »

Nos lo ocultan, ¿por qué?

España es uno de los países más opacos de Europa y de los últimos sin ley de transparencia

Las administraciones esconden datos públicos de sanidad, medioambiente, justicia…

ELPAIS.COM - ÁLVARO DE CÓZAR Madrid 18 MAR 2012 - 00:56 CET

****

Si te ha gustado lo mejor que debes hacer es ir a su blog/pagina.*****En mi blog no puedes dejar comentarios , pero si en el del autor. ********HA ENTRADO EN el BLOG/ARCHIVO de VRedondoF. Soy un EMPRESARIO JUBILADO que me limito al ARCHIVO de lo que me voy encontrando "EN LA NUBE" y me parece interesante. Lo intento hacer de una forma ordenada/organizada mediante los blogs gratuitos de Blogger. Utilizo el sistema COPIAR/PEGAR, luego lo archivo. ( Solo lo INTERESANTE según mi criterio). Tengo una serie de familiares/ amigos/ conocidos (yo le llamo "LA PEÑA") que me animan a que se los archive para leerlo ellos después. Los artículos que COPIO Y PEGO EN MI ARCHIVO o RECOPILACIÓN (cada uno que le llame como quiera) , contienen opiniones con las que yo puedo o no, estar de acuerdo. ******** Cuando incorporo MI OPINION, la identifico CLARAMENTE, con la unica pretension de DIFERENCIARLA del articulo original. ***** Mi correo electronico es vredondof(arroba)gmail.com por si quieres que publique algo o hacer algun comentario.

'La Pepa' o el fracaso del liberalismo

* NOTA DE VREDONDOF *

-En España no somos muy "de lo escrito", porque "SEMOS MULISTOS" y nos cuesta mucho el hacer esfuerzos intelectuales, "usease", pensar.

Podemos tener una constitucion escrita, pero me apostaria doble contra sencillo ( que dicen los ingleses) que no hay mas de un dos/tres por ciento los que la han leido ... me da la impresion que la susodicha constitucion se tiene, por tener de todo ... que yo sepa no hay ninguna asignatura ni leccion que trate de ella durante los estudios (segun tengo entendido en EEUU es una signatura obligatoria para todos los norteamericanos, como en casi todas las naciones).

No me extraña nada lo de que casi nadie la ha leido ... pues yo en su dia lo intente y se hace tan pesada y tan alejada de la realidad que en la segunda hoja ya uno se ha cansado de ella .... al menos a mi me paso.

Yo entiendo UNA CONSTITUCION como LAS NORMAS QUE REGULAN la convivencia EN PAZ Y LIBERTAD de TODOS TODOS, por igual, los españoles y evidentemente para BENEFICIO de TODOS y que coloca a todos los ciudadanos IGUALES ante la ley, por ello siempre ha sido escritas para ser de obligado cumplimiento por TODOS los ciudadanos.

Hay un hecho que suele pasar inadvertido pero que marca el destino de España. El historiador y periodista Fernández Almagro comprobó que la Constitución de 1812 -hoy se cumplen 200 años- fue redactada por 97 eclesiásticos, ocho títulos vinculados a la Corona, 37 militares, 16 catedráticos, 60 abogados, 55 funcionarios públicos, 15 grandes propietarios, nueve marinos, cinco comerciantes, cuatro escritores y dos médicos. Hay quien sostiene que, incluso, había también un arquitecto.

La composición no reflejaba en absoluto la España real de entonces, y ello explica en parte el devenir histórico de este país durante los últimos doscientos años, marcados, salvo algunos cortos periodos, por el desprecio de la economía en favor de la política. De la mala política, habría que añadir.

En las Cortes gaditanas, no estaban representados ni los pequeños propietarios ni los jornaleros ni los arrendatarios ni los artesanos. No podía ser de otra manera en una España que salía del absolutismo y cuyo territorio había sido invadido por las tropas de Napoleón.

Había una excepción, la Isla de León, donde una muchedumbre acompañó a los ‘doceañistas’ al grito de “¡A las cortes!”, “¡A las Cortes!” mientras que los cañones franceses, fondeados en la bahía, hacían oír su estruendo.

Como dijo Galdós en sus Episodios Nacionales, aquél día parecía ‘tarde de toros’. Cádiz, siguiendo el tópico, era una fiesta. Majos, contrabandistas, chalanes y menestrales querían participar en el nacimiento de la nación española.

El hecho de que sólo cinco redactores de la Constitución de 1812 fueran comerciantes frente a 97 canónigos, 60 abogados o 55 funcionarios -o, incluso, tres inquisidores- sólo refleja cómo la cosa pública quedó en manos de una clase dirigente ajena al país real. Un país de eclesiásticos y funcionarios que ninguneó el comercio y la creación de riqueza. Y que se acostumbró a perseguir hasta el exterminio a masones, liberales y afrancesados.

Muerte en el exilio

El primer orador del sistema parlamentario español -el hito que marca la transcendencia de las Cortes de Cádiz- es, de hecho, Diego Muñoz-Torrero, un fraile que representaba, sin embargo, las ideas liberales de Extremadura. Tenía 54 años, había sido rector de la Universidad de Salamanca y cuentan las crónicas que era muy versado en leyes y cánones. Como tantos otros, murió en el exilio portugués.

Su vida es fiel reflejo del fracaso del reformismo ilustrado en España, y que de forma tan precisa definió Carlos Marx cuando reflexionó sobre el significado de la Constitución de 1812:

‘Mientras en el resto de España se imponía la acción sin ideas, en el Cádiz de las Cortes triunfaban las ideas sin acción’.

Y el liberalismo, que al menos como vocablo fue un invento español, murió a temprana edad.

El hecho de que sólo cinco redactores de la Constitución de 1812 fueran comerciantes frente a 97 canónigos, 60 abogados o 55 funcionarios -o, incluso, tres inquisidores- sólo refleja cómo la cosa pública quedó en manos de una clase dirigente ajena al país real. Un país de eclesiásticos y funcionarios que ninguneó el comercio y la creación de riqueza

Las Cortes que proclamaron la soberanía de la nación española, la separación de poderes o la inviolabilidad de los diputados son las mismas que proclamaron el regreso de Fernando VII, la semilla del diablo. Y son las mismas que ven con desdén el hundimiento del imperio colonial y su significado histórico.

Como ha explicado el profesor Tortella, la España del XIX es escenario de repetidos fracasos del sistema liberal, que sólo acabaría imponiéndose en la Restauración, pero con su corolario de caciquismo, clientelismo político y pucherazo, esa extraña aportación de España a la teoría política.

El fracaso del liberalismo español explica muchos problemas actuales. Los orígenes, como ha explicado la ensayista Marjorie Grice-Hutchinson, tienen que ver con los principios morales de la Iglesia que consideraba al dinero “estéril por naturaleza” y, por lo tanto, “no podía dar frutos”.

La Iglesia vio en el mercantilismo una amenaza real para la fe católica. Sobre todo tras la conquista del territorio americano, rico en minerales preciosos y materias primas, lo que justificó el nacimiento de una nueva teoría del dinero que dejaba extramuros de la fe católica a quien practicase la ‘usura’ o el mercantilismo con ánimo de lucro.

No era un asunto baladí. La usura llegó a considerarse un pecado mortal que podía desembocar en una acusación mucho más grave: la de cometer herejía. Y ya en 1580, como recordaba Gerard Brenan, “las pocas fábricas de paños que existían en el país desaparecieron, y los españoles se convirtieron en un pueblo rentista, una nación de caballeros, que vivía en parasitaria dependencia del oro y la plata que les llegaban de las Indias y de la industria de los Países Bajos”.

Los grupos de presión

Con estos antecedentes, es lógico pensar que el Cádiz liberal estaba condenado al fracaso. España fue incapaz de reformarse a sí misma, como sostiene Tortella. Y eso explica errores históricos en forma de arancel impulsados por los cerealistas castellanos, los algodoneros catalanes, los metalúrgicos vascos y hasta los ferreteros malagueños.

Como ha dicho Grice-Hutchinson, el arancel del 9 de julio de 1841 significó la victoria de los intereses proteccionistas. O lo que es lo mismo, el fin del sueño liberal (no democrático) nacido en Cádiz. Y eso que España pudo contar en el siglo XVIII con uno de los economistas mercantilistas más importantes de su época; Gerónimo de Uztáriz, prócer del libre comercio y cuya obra fue traducida al inglés, francés e italiano.

Uztáriz fue quien suministró a Adam Smith datos sobre España, y algunos de sus argumentos fueron incluidos por el economista escocés en La Riqueza de las Naciones.

El Cádiz liberal estaba condenado al fracaso. España fue incapaz de reformarse a sí misma. Y eso explica errores históricos en forma de arancel impulsados por los cerealistas castellanos, los algodoneros catalanes, los metalúrgicos vascos y hasta los ferreteros malagueños

No fue suficiente. Las libertades políticas nacidas en 1812 -con largos periodos de regreso al absolutismo- no desembarcaron en las orillas de la economía, y, como han descrito certeramente Mercedes Cabrera y Fernando Del Rey, lo cierto es que la mayor parte de las grandes fortunas españolas hasta la Restauración estuvieron disociadas del mundo industrial, con la excepción parcial de Barcelona, Vizcaya y Asturias. El capital “prefirió” otros horizontes de inversión de carácter más rentista que empresarial: bienes rústicos, inmuebles urbanos, préstamo privado, títulos de deuda o valores bursátiles sin riego. A mediados del siglo XIX ningún empresario industrial podía incluirse entre la élite del dinero.

No es de extrañar, por lo tanto, que la corrupción y la picaresca; el chalaneo y la mentira, formaran parte de la idiosincrasia nacional.

Está acreditado que el Conde Toreno, ministro de Hacienda, dimitió no sin antes haberse embolsado cinco millones de reales de la familia Rothschild a cuenta de unos contratos de mercurio en Minas de Almadén. O que un discípulo suyo, Alejandro Mon, en plena desesperación por la anorexia económica del Estado, llegara a dar dinero a un inversor suizo que aseguraba conocer el lugar en que había un tesoro escondido.

Por supuesto que no lo había. Y, como ha sucedido en los últimos años, no había siquiera interés por la industria nacional.

El historiador Josep Fontana ha acreditado que el desinterés de los políticos españoles por la industrialización del país era tan hiriente que una exploración a fondo de los diarios de sesiones de las Cortes entre 1834 y 1854 (24 legislaturas) da como resultado que no se encuentra ninguna entrada que responda a las palabras ‘industria’ o‘manufactura’.

El fracaso del estado liberal

No sorprende, por lo tanto, que tanta desidia acabara por empobrecer el país hasta límites sonrojantes. Conviene saber que cuando las Cortes constituyentes estaban reunidas en Cádiz, la renta per cápita de los españoles era sólo algo inferior a la francesa y un 25% menor que la inglesa, en plena revolución industrial.

Pero que al acabar el siglo XIX no llegaba ya ni a la mitad de Gran Bretaña, Alemania o Francia.

Lo que había fracasado era el Estado liberal. Igual que ahora. Los recientes casos de corrupción son fruto de una España clientelar (Urdagarín, los EREs de Andalucía, el ‘caso Blanco’, Gürtel, la corrupción urbanística…) que sólo se explica por la existencia de un Estado ‘benefactor’ nacido no para proteger a los más débiles, en última instancia la esencia de la sociedad del bienestar; sino, por el contrario, como un instrumento de asignación de recursos basado en la capacidad de influencia de las élites políticas.

La crisis del Estado arrastra al sector privado. O viceversa, según se mire. La inexistencia de una cultura del emprendimiento ha acabado por ahogar las finanzas públicas. El sector privado no es más que una prolongación de lo público, y cuando éste entra en barrena, sólo cabe la penuria

La crisis del Estado es, en definitiva, la crisis de la sociedad. Y ese es, probablemente, la cuestión de fondo de la actual zozobra económica. España nunca ha sabido salvaguardar al sector privado del público. Y cuando el Estado ha entrado en crisis por la incapacidad de los gobernantes de asegurar la sostenibilidad de la Administración mediante un sistema fiscal eficaz, lo que ha ocurrido es que las empresas –acostumbradas a vivir de las migajas del Estado falsamente benefactor- han acabado por sucumbir ante tanto dislate.

Ante tanto dispendio.

Este es, en realidad, el fondo del problema. La crisis del Estado arrastra al sector privado. O viceversa, según se mire. La inexistencia de una cultura del emprendimiento ha acabado por ahogarlas finanzas públicas. El sector privado no es más que una prolongación de lo público, y cuando éste entra en barrena, sólo cabe la penuria. El retroceso en términos históricos.

No es baladí que España sea el país del mundo donde más veces el Estado ha presentad suspensión de pagos. Como han demostrado los economistas Reinhart y Rogoff, nada menos que en diez ocasiones la Hacienda pública ha entrado en bancarrota. Lo nunca visto.

Pese a ello, el modelo constitucional continúa impertérrito. Como si no pasara nada. Sólo en la apresurada reforma del último verano –y ya con el agua al cuello- los legisladores se dieron cuenta de que el modelo de Estado es insostenible. Que la bienintencionada Constitución de 1978 –inspirada en la alemana pero sin la disciplina prusiana- es, simplemente, inaplicable si no se crea riqueza.

La misma Constitución que dice que la nación española se constituye para promover el progreso de la cultura y de la economía para asegurar a todos una digna calidad de vida. Y la misma que sostiene que el gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos públicos. Ni una palabra sobre cómo conseguirlo.

Y esta es, en realidad de la herencia de ‘la Pepa’. Un país de leguleyos volcado en lo político que tira de voluntarismo para salir de la crisis, incapaz de entender que la economía tiene sus reglas. Su coherencia interna. Sus leyes indefectibles que hay cumplir.

Sin embargo, se construyó un mito en torno a las Cortes de Cádiz. Aunque lo cierto es que a lo largo del siglo XIX, hasta la Restauración, el Estado español se vertebró a partir de unos principios muy distintos, cuando no enfrentados, a los que la Constitución de 1812 proclama. En particular el artículo 13. Ese que dice que “el objeto del Gobierno es la felicidad de la Nación, puesto que el fin de toda sociedad política no es otro que el bienestar de los individuos que la componen”.

La filantropía de la Ilustración como fuente del Derecho.

Y en eso estamos. Un país al borde la bancarrota que sigue viviendo de sus mitos.